Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas

Por Feliciano Ramos

En realidad, el tema musical dice “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, pero el mensaje es el mismo. Simplemente, nos quedan a nosotros, la gran mayoría del pueblo argentino, las penas de sufrir ajuste tras ajuste, una pobreza que no se detiene; es más, se multiplica.

Mientras, las empresas, extranjeras en su mayoría, se quedan con las vaquitas de las ganancias. Las ganancias del comercio exterior totalmente extranjerizado donde el Estado no participa, o mejor dicho participa en pagar los costos de obras viales para que fluyan hacia los puertos las exportaciones y además los costos altísimos de un dragado de profundización, mantenimiento y balizamiento, solo para que los puertos de multinacionales extranjeras ganen más y en cada licitación de dragado además le cobren más al productor agropecuario, como si ellos hubiesen puesto los millones de dólares.

Ya lo comunicó la Cámara de Diputados de la Nación en su informe: Exp. 5275-D-2010:

“Desde su origen hasta la actualidad, la concesión de la hidrovía Paraná Paraguay ha estado plagada de irregularidades. Su concesión no fue diferente a las que se realizaron en otras áreas durante la misma década, donde primó el criterio de favorecer a grupos económicos probados en desmedro de la sociedad en su conjunto, que debió hacerse cargo de los costos que aquellos no querían absorber: se privatizaron las ganancias y se estatizaron los costos”.

¿Qué más se puede agregar? Solo lo que vengo diciendo desde hace años incansablemente: que por más de 30 años los argentinos, con la nuestra, venimos pagando el costo de mantener y mejorar un comercio exterior que nos fue robado, que nada aporta al fisco, que solo deja pobreza y contaminación en esa explotación descontrolada, donde las ganancias son ajenas y solo les queda al pueblo y al Estado pagar los costos de ese saqueo.

La plata que debería usarse en tu barrio, en tu ciudad, para cloacas, gas natural, agua potable, seguridad, iluminación, pavimento, salud, educación, etc., se usó por más de 30 años para pagar las obras de dragado y balizamiento, como así también obras viales para puertos extranjeros. Todo eso crea pobreza estructural, cada vez vivimos peor porque la plata de los impuestos no vuelve en obras, se va para asistir a multinacionales extranjeras y a sus socios de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Otro capítulo más del costo del saqueo es el de la minería; sin embargo, ni al Congreso ni a la Justicia parecen molestarles. Solo el pueblo lo está resistiendo, como hoy el pueblo de Mendoza y de otras provincias.

Las penas son de nosotros, del pueblo argentino, de bolsillos cada vez más flacos, que con sus impuestos mantiene el costo de los puertos extranjeros y con su salud paga el costo de la sobre explotación agrícola basada en agroquímicos como el glifosato, entre otros, que termina en el río, en el agua que el pueblo consume.

Desde la primera concesión de dragado y balizamiento del río Paraná en la década del 90 hasta el día de hoy, todas las concesiones estuvieron plagadas de irregularidades y sospechas de cohecho (coimas), lo dice el mismo Congreso. Si en todas las concesiones de dragado y balizamiento del río Paraná curiosamente los adjudicatarios de la licitación son los mismos, pese a las probadas irregularidades que se detallan en el Exp. 5275-D-2010 de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cómo es posible que se llame nuevamente a una licitación de dragado sin resolver las anteriores, plagadas de irregularidades? ¿Es posible que no se excluya a los adjudicatarios anteriores? ¿Quién garantiza que la nueva licitación no será una continuidad de irregularidades y de los mismos concesionarios? ¿Las licitaciones están por encima de la ley? ¿Tiene el Estado argentino vocación de error?

Una nueva licitación de Dragado a 44 pies o a la profundidad que fuera es inaceptable ante tantas irregularidades anteriores.

Se deben resolver las licitaciones anteriores plagadas de irregularidades y sospechas de coimas, no hubo ni investigación judicial ni penas ni castigo, siguen los mismos actores desde los 90 como si ellos estuvieran por encima de la ley. Con este antecedente sin resolver, cualquier licitación posterior que se llame debe considerarse nula de nulidad absoluta, y mucho más aún si en ninguna licitación se contempló un estudio previo y amplio de impacto ambiental. Estos motivos son inexcusables, insoslayables y determinantes. Cualquier empresa pyme que inicia una producción, no puede hacerlo sin un estudio de impacto ambiental La ley debe aplicarse a propios y a extranjeros con más razón. Nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera el mismo Estado Argentino.